PORQUÉ ESTE BLOG?

ALGUNA EXPERIENCIA ACUMULADA COMO RESULTADO DE HABER PARTICIPADO EN LA FORMULACIÓN JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN -LEY DE ARMAS Y SUS REGLAMENTACIONES (1973 A 1975)-, Y POSTERIORMENTE EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE DICHO CONTROL (2001 A 2003), ME HA ANIMADO A CONSTRUIR ESTE MEDIO PARA EXPRESAR MIS IDEAS, DESDE UNA POSICIÓN DE EQUIDISTANCIA ENTRE QUIENES PROPUGNAN, POR UN LADO, EL DESARME TOTAL DE LOS CIVILES, Y QUIENES -DESDE EL OTRO EXTREMO-, PRETENDEN LA POSESIÓN Y USO DE ARMAS DE FUEGO LIBRE DE CONTROL.

DEBO ACLARAR QUE MI PENSAMIENTO NO ESTA EXENTO DE DUDAS -MUCHAS E IMPORTANTES-, LO QUE ME CONDUCE A AFIRMAR MI VOCACIÓN DE REVISARLO A CADA PASO Y, DE ENCONTRAR RAZONES ATENDIBLES PARA ELLO, REFORMULAR MIS CONVICCIONES. ES POR ESTA RAZÓN QUE CREO EN LA NECESIDAD DEL DEBATE, EN ARAS DE ACERCARNOS LO MÁS QUE NOS RESULTE POSIBLE A LA VERDAD COMPARTIDA, Y SIEMPRE CON LA HUMILDAD DE NO CREERNOS DUEÑOS DE ELLA.

HECTOR MENDEZ DE LEO

Julio 2007

11 de julio de 2007

APUNTES SOBRE EL CONTROL

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EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS Y LA IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE “ORGANISMO DE CONTROL” (que implica imposición de limites) POR SOBRE LA DE “ENTE RECAUDADOR” (despacho de permisos – mera registración)

La autonomía financiera de que goza el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS constituye, a no dudar, un factor relevante que asegura la adecuada disposición de recursos humanos y materiales, indispensables para un eficaz desempeño.

En su origen el organismo fue dotado de tal cualidad, ya que conforme la ley de su creación (art. 45 ley 20.429), a las partidas presupuestarias que se le asignaran, se debían adicionar los ingresos que se percibieran en concepto de aranceles y tasas a fijar por los servicios administrativos que se prestaban, recursos estos cuyo destino fue las cuentas especiales que se abrieron.

Sabido es también que las referidas cuentas especiales fueron posteriormente suprimidas para toda la administración pública, lo cual determinó para el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS grandes dificultades para la prestación de los servicios a su cargo. Sin embargo, dicha situación revirtió notablemente a partir de la inclusión del organismo en el régimen de los entes cooperadores regulados por la ley 23.979, permitiéndole modernizarse y nutrirse apropiadamente tanto de recursos materiales como humanos, a lo cual se sumó la facilidad de operar mucho más ágilmente que el resto de los organismos oficiales.

Las indiscutidas ventajas que ofrece el régimen de autofinanciamiento presenta, no obstante, algunos riesgos que resultaría altamente pernicioso ignorar, ya que de así ser se podrían comprometer trascendentes responsabilidades inherentes a la labor de fiscalización y control que la ley impone al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.

La tenencia legítima de armas de fuego no constituye un derecho adquirido por los ciudadanos, sino tan solo una expectativa cuya evolución hacia la formalidad de una autorización o permiso concreto y específico, reposa en la indispensable aprobación que le compete al ESTADO, luego de la comprobación de que quien lo pretende, ha dado satisfactorio cumplimiento a una serie de exigencias precisamente establecidas por la normativa vigente. Vale decir entonces que el derecho a dicha tenencia es eventual y precario, y nace recién después que se ha dado cabal cumplimiento a tales obligaciones, lo cual abre el camino para la pertinente habilitación.

Por su parte, el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS es el organismo al cual la ley le ha impuesto el deber de controlar y expedirse acerca del adecuado y debido cumplimiento por parte de los interesados en poseer y hacer uso de armas de fuego, de los recaudos que hacen viable los correspondientes permisos.

Dicha tarea de control es singularmente delicada y está muy lejos de comportar un simple procedimiento de cotejo del cumplimiento de un cúmulo de meras formalidades, sino que requiere un alto grado de profesionalidad en cada uno de los funcionarios que intervienen, exigiendo una actitud de análisis, indagación y apropiado celo a fin de cumplir satisfactoriamente con el objetivo último de obtener convicción suficiente, acerca de que el permiso que se otorgará no pondrá en riesgo la seguridad común.

Del conjunto de trámites y requisitos que la ley determina para el otorgamiento del permiso de tenencia de armas de fuego, algunos resultan especialmente sensibles y requieren el máximo grado de ponderación y cuidado (existencia de antecedentes policiales o penales, condición física y aptitud psíquica, idoneidad en el manejo de armas, conocimiento de las medidas de seguridad para la guarda, manipulación y empleo de las mismas, como así de las implicancias legales y responsabilidades civiles y penales derivadas de su mal empleo, fundadas razones para la portación y/o tenencia de armas de uso militar, etc.), ya que una inadecuada aplicación del criterio o margen de discrecionalidad que necesariamente deberá arbitrarse, puede provocar resultados disvaliosos y ciertamente ilegítimos, sea en perjuicio del interés colectivo por EXCESOS DE PERMISIVIDAD, o del interés individual por NEGATIVAS ARBITRARIAS.

A fin de lograr que los expresados riesgos se minimicen resultará entonces indispensable promover en el organismo actitudes de máxima responsabilidad en la tarea de control, de modo tal que la misma no resulte afectada por las necesidades de recaudación, ya que si esta última preocupación domina la escena y signa los criterios de decisión, seguramente se estarán declinando obligaciones esenciales que constituyen la razón de ser del REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.