Lunes 20 de diciembre de 2004
ANTES DE DESARMAR, HAY QUE RESTABLECER LA SEGURIDAD
El declarado propósito del Gobierno de adoptar urgentes medidas orientadas a promover el desarme civil -sería quizá más apropiado hablar de canje o recolección de armas- es un suceso relevante que merece aprobación y apoyo de todos los que aspiramos a una sociedad pacífica y consagrada a su cabal desarrollo.
No obstante, y para obtener los mejores resultados, es vital afinar conceptos para no caer en imprecisiones que puedan dar paso a interpretaciones equivocadas que frustren la ilusión de quienes creemos que aún es posible convivir en una sociedad apacible.
Cada comunidad, además de caracterizarse por pautas culturales determinadas, vive circunstancias particulares como consecuencia de su evolución política, social y económica, que a su vez repercuten de modo directo y determinante en el grado de eficiencia de sus instituciones.
Frente a la necesidad expresada de atenuar la incidencia de las armas de fuego en la situación de seguridad pública resulta indispensable tener en cuenta su mayor o menor grado de deterioro y la capacidad evidenciada por las instituciones competentes.
Así, no resulta difícil advertir las diferencias que en materia de seguridad pública y capacidad de respuesta pueden establecerse, por ejemplo, entre naciones como Australia, Gran Bretaña, Brasil o la Argentina.
Que los dos primeros hayan logrado resultados con políticas de desarme compulsivo, pero parcial, motivado por episodios coyunturales, no necesariamente asegura que medidas semejantes -o aun más profundas, como algunos propician- arrojen iguales resultados aquí o en Brasil.
Tal error de apreciación podría profundizar la situación de inseguridad general, que no es provocada por las armas debidamente registradas en manos de civiles habilitados para tenerlas, sino por las armas ilegales que usan los delincuentes.
La certeza de que ninguna casa alberga armas podría alentar los delitos contra la propiedad, pues una escasa respuesta policial aseguraría máxima impunidad a los delincuentes.
* * *
La realidad de Brasil, por otra parte, es muy diferente de la de nuestro país, pues la Argentina posee un experimentado y satisfactorio régimen legal de control de armas de fuego, lo que pareciera estar siendo ignorado por las autoridades nacionales, que apuntarían a copiar medidas foráneas cuyo dictado está provocado, precisamente, por la carencia de un régimen de control satisfactorio y que no necesariamente contribuirán a mejorar la situación.
Asimismo, una medida de desarme civil generalizado y compulsivo, además de aniquilar la confianza ganada en el tiempo y de debilitar decisivamente el sistema de control construido inteligentemente en más de 30 años, podría dar lugar a un episodio de desobediencia civil impredecible.
Es que la falta de respuesta suficiente por parte de las autoridades en materia de seguridad, hace que para muchos -acertada o equivocadamente- la única opción aceptable sea la autodefensa, lo que en la disyuntiva hará que mucha gente opte por el "mal menor" y decida no desarmarse.
Ciertamente es una alternativa indeseable y riesgosa el que alguien sienta la necesidad de defenderse poseyendo armas. Pero, nos guste o no, esa realidad no puede ser ignorada y debe ser responsablemente evaluada.
Será entonces indispensable, para el éxito del proceso orientado a lograr la entrega voluntaria -no compulsiva- de esas armas poseídas con fines de defensa, el restablecimiento de condiciones de seguridad general aceptables que lleven a quienes se han armado a la convicción de que las armas de fuego ya no resultarán necesarias para aquel fin, y constituirán, entonces, una carga peligrosa de la cual resulta aconsejable y prudente desprenderse.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/664731
ANTES DE DESARMAR, HAY QUE RESTABLECER LA SEGURIDAD
El declarado propósito del Gobierno de adoptar urgentes medidas orientadas a promover el desarme civil -sería quizá más apropiado hablar de canje o recolección de armas- es un suceso relevante que merece aprobación y apoyo de todos los que aspiramos a una sociedad pacífica y consagrada a su cabal desarrollo.
No obstante, y para obtener los mejores resultados, es vital afinar conceptos para no caer en imprecisiones que puedan dar paso a interpretaciones equivocadas que frustren la ilusión de quienes creemos que aún es posible convivir en una sociedad apacible.
Cada comunidad, además de caracterizarse por pautas culturales determinadas, vive circunstancias particulares como consecuencia de su evolución política, social y económica, que a su vez repercuten de modo directo y determinante en el grado de eficiencia de sus instituciones.
Frente a la necesidad expresada de atenuar la incidencia de las armas de fuego en la situación de seguridad pública resulta indispensable tener en cuenta su mayor o menor grado de deterioro y la capacidad evidenciada por las instituciones competentes.
Así, no resulta difícil advertir las diferencias que en materia de seguridad pública y capacidad de respuesta pueden establecerse, por ejemplo, entre naciones como Australia, Gran Bretaña, Brasil o la Argentina.
Que los dos primeros hayan logrado resultados con políticas de desarme compulsivo, pero parcial, motivado por episodios coyunturales, no necesariamente asegura que medidas semejantes -o aun más profundas, como algunos propician- arrojen iguales resultados aquí o en Brasil.
Tal error de apreciación podría profundizar la situación de inseguridad general, que no es provocada por las armas debidamente registradas en manos de civiles habilitados para tenerlas, sino por las armas ilegales que usan los delincuentes.
La certeza de que ninguna casa alberga armas podría alentar los delitos contra la propiedad, pues una escasa respuesta policial aseguraría máxima impunidad a los delincuentes.
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La realidad de Brasil, por otra parte, es muy diferente de la de nuestro país, pues la Argentina posee un experimentado y satisfactorio régimen legal de control de armas de fuego, lo que pareciera estar siendo ignorado por las autoridades nacionales, que apuntarían a copiar medidas foráneas cuyo dictado está provocado, precisamente, por la carencia de un régimen de control satisfactorio y que no necesariamente contribuirán a mejorar la situación.
Asimismo, una medida de desarme civil generalizado y compulsivo, además de aniquilar la confianza ganada en el tiempo y de debilitar decisivamente el sistema de control construido inteligentemente en más de 30 años, podría dar lugar a un episodio de desobediencia civil impredecible.
Es que la falta de respuesta suficiente por parte de las autoridades en materia de seguridad, hace que para muchos -acertada o equivocadamente- la única opción aceptable sea la autodefensa, lo que en la disyuntiva hará que mucha gente opte por el "mal menor" y decida no desarmarse.
Ciertamente es una alternativa indeseable y riesgosa el que alguien sienta la necesidad de defenderse poseyendo armas. Pero, nos guste o no, esa realidad no puede ser ignorada y debe ser responsablemente evaluada.
Será entonces indispensable, para el éxito del proceso orientado a lograr la entrega voluntaria -no compulsiva- de esas armas poseídas con fines de defensa, el restablecimiento de condiciones de seguridad general aceptables que lleven a quienes se han armado a la convicción de que las armas de fuego ya no resultarán necesarias para aquel fin, y constituirán, entonces, una carga peligrosa de la cual resulta aconsejable y prudente desprenderse.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/664731
